Mientras las autoridades migratorias llevan a cabo lo que el presidente Donald Trump ha prometido que será la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos, varios estados están aprobando leyes para evitar que los niños de padres detenidos, sin otros familiares o amigos, entren al sistema de cuidado temporal.
El gobierno federal no lleva un registro de cuántos niños han ingresado a este sistema como consecuencia de operativos de control migratorio, lo que dificulta saber con qué frecuencia ocurre.
En Oregon, hasta febrero, dos niños habían sido ubicados en hogares temporales luego de ser separados de sus padres en casos de detención migratoria, según Jake Sunderland, vocero del Departamento de Servicios Humanos del estado.
“Antes del otoño de 2025, esto nunca había ocurrido”, aseguró.
Hasta mediados de febrero, casi 70.000 personas se encontraban detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El récord de 73.000 personas detenidas en enero representó un aumento del 84% comparado con el año anterior. Según una investigación de ProPublica, hasta agosto de 2025, padres de 11.000 niños con ciudadanía estadounidense habían sido detenidos desde el inicio del mandato de Trump.
El medio NOTUS informó en febrero que por lo menos 32 niños de padres detenidos o deportados habían sido colocados en hogares temporales en siete estados.
Sandy Santana, director ejecutivo de Children’s Rights, una organización de defensa legal, dijo que sospechan que el número real es mucho mayor.
“Ese número nos parece realmente muy bajo”, dijo.
La separación de sus padres es profundamente traumática para los niños y suele provocar diversos problemas de salud y psicológicos, incluido el trastorno de estrés postraumático. El estrés prolongado e intenso también puede causar infecciones más frecuentes en los niños y problemas en el desarrollo. Ese “estrés tóxico” también se asocia con daños en áreas del cerebro responsables del aprendizaje y la memoria, según KFF, una organización sin fines de lucro dedicada a la información en salud que incluye a KFF Health News.
Durante el primer mandato de Trump, Maryland, Nueva York, Washington, D.C. y Virginia modificaron algunas leyes para permitir que tutores recibieran derechos parentales temporales en casos relacionados con migración. Ahora, tras el regreso de Trump al poder el año pasado, el aumento en los controles migratorios está impulsando una nueva ola de respuestas estatales.
En Nueva Jersey, legisladores están considerando un proyecto para modificar una ley estatal que permite que los padres designen tutores temporales para casos de muerte o incapacidad. La nueva versión agregaría como otra razón válida la separación por control migratorio federal.
El año pasado, Nevada y California aprobaron leyes para proteger a las familias separadas por acciones de control migratorio. La ley de California, llamada Ley del Plan de Preparación Familiar (Family Preparedness Plan Act), permite que los padres designen tutores y compartan derechos de custodia, en lugar de que sus derechos se suspendan mientras están detenidos. Si son liberados y pueden reunirse con sus hijos, recuperan sus derechos parentales completos.
Existen importantes obstáculos legales para la reunificación familiar una vez que un niño entra bajo custodia estatal, explicó Juan Guzman, director del tribunal de menores y tutela en Alliance for Children’s Rights, una organización de defensa legal en Los Ángeles.
Si el niño es colocado en cuidado temporal y ni el padre ni la madre pueden participar en los procesos judiciales requeridos porque están detenidos o han sido deportados, es menos probable que puedan volver a reunirse con su hijo, afirmó Guzman.
Se estima que 5,6 millones de niños que son ciudadanos estadounidenses viven con un padre u otro familiar que no tiene estatus migratorio legal, según investigaciones de Brookings Institution, un centro de estudios en Washington, D.C. Dentro de ese grupo, 2,6 millones de niños tienen a ambos padres sin estatus legal.
Santana dijo que es probable que el número de casos de separación familiar aumente a medida que el gobierno de Trump avance con su campaña migratoria. Por lo tanto, más niños corren el riesgo de terminar en el sistema de cuidado temporal.
Las directivas del ICE exigen que la agencia se esfuerce en facilitar la participación de los padres detenidos en los procedimientos de los tribunales de familia, de bienestar infantil o de tutela, pero Santana indicó que no está claro que el ICE esté cumpliendo con estas normas.
Los funcionarios de ICE no respondieron a las solicitudes de comentarios para este artículo.
Antes de que cambiara la ley de California, la única razón por la que un padre podía compartir derechos de custodia con otro tutor era si tenía una enfermedad terminal, contó Guzman.
Ahora, si los padres preparan un plan con anticipación y designan a alguien de confianza que pueda hacerse cargo de sus hijos si llegara a ser necesario, la agencia estatal de bienestar infantil puede iniciar el proceso para entregar a los niños a esa persona sin tener que abrir un caso formal de cuidado temporal, agregó.
Aunque los legisladores de Nevada el año pasado ampliaron una ley de tutela ya existente para incluir el control migratorio, la medida exige que los padres presenten documentación notarial ante la oficina del secretario de estado, un trámite administrativo que puede resultar costoso, dijo Cristian González-Pérez, abogado en Make the Road Nevada, una organización sin fines de lucro que ofrece recursos a comunidades inmigrantes.
González-Pérez señaló que algunos inmigrantes dudan en completar formularios gubernamentales por temor a que el ICE pueda acceder a esa información y los persiga. Él les asegura a los miembros de la comunidad que los formularios estatales son confidenciales y solo pueden ser consultados por hospitales y tribunales.
El gobierno de Trump ha tomado medidas sin precedentes para acceder a información sensible a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y otras entidades.
González-Pérez y Guzmán consideran que muchos padres inmigrantes no conocen sus derechos. Designar un tutor temporal y crear un plan familiar es una forma de no sentirse impotentes, afirmó González-Pérez.
“La gente no quiere hablar de esa cuestión”, reflexionó Guzman. “Que un padre tenga que hablar con un niño sobre la posibilidad de separarse da miedo. No es algo que nadie quiera hacer”, concluyó.
